El mecanismo permitirá identificar teléfonos utilizados en establecimientos penitenciarios y pedir a las empresas de telefonía que impidan su funcionamiento. Las provincias y la Ciudad podrán sumarse al programa.
El Gobierno nacional avanzó con una herramienta destinada a impedir el uso de celulares dentro de las cárceles provinciales. La iniciativa busca detectar los dispositivos que se encuentren activos en sectores de detención y restringir su funcionamiento a través de las compañías de telefonía móvil.
LA MEDIDA
Fue formalizada este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial y establece un protocolo técnico junto con un modelo de convenio para que las distintas jurisdicciones puedan incorporarse al esquema federal. La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
El procedimiento permitirá individualizar cada aparato mediante su código IMEI, mientras que también se registrará el IMSI correspondiente a la tarjeta SIM y la línea asociada. Con esta información, la restricción podrá continuar vigente, aunque el usuario reemplace el chip del equipo.
Para ponerlo en práctica, las autoridades penitenciarias de cada distrito deberán informar los dispositivos detectados al sistema nacional a través de la ventanilla única del Ministerio de Seguridad Nacional. Antes de hacerlo, los equipos deberán haber sido identificados tras activarse dentro de zonas de alojamiento o espacios de acceso limitado.
Una vez recibido el reporte, el organismo nacional solicitará a las compañías prestadoras de telefonía móvil que efectúen la inhabilitación. Las empresas dispondrán de un máximo de 48 horas para confirmar que realizaron el bloqueo desde el momento en que reciban el requerimiento oficial.
Cada provincia interesada en utilizar este mecanismo deberá formalizar su incorporación mediante la firma del convenio específico que forma parte de la resolución.