El nuevo esquema contempla penas, alternativas al encierro, seguimiento especializado y medidas de resocialización.
El Gobierno puso en marcha la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que modifica el esquema de responsabilidad penal para adolescentes y establece un sistema específico para quienes tengan entre 14 y 17 años. La medida busca combinar la respuesta frente al delito con herramientas orientadas a la educación, la resocialización y la reinserción social.
LA NORMA
El decreto 875/2026 fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y designó al Ministerio de Justicia como organismo encargado de coordinar la aplicación de la Ley 27.801 en el ámbito nacional y federal. La norma reemplaza el régimen anterior y establece pautas para su implementación.
A partir del nuevo esquema, los adolescentes de 14 años en adelante pueden quedar sometidos a un proceso penal cuando se los acuse de haber cometido un delito. Sin embargo, no se les aplica el mismo tratamiento previsto para los adultos, ya que la legislación contempla garantías y medidas específicas vinculadas con su edad.
Entre las herramientas previstas aparece la figura del supervisor especializado, quien tendrá a su cargo acompañar y controlar al adolescente durante el proceso. Para cumplir esa función se requerirá formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
El régimen también establece mecanismos de coordinación entre distintas áreas del Estado. Para ese objetivo se creó un Comité Interministerial integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud, que trabajará sobre aspectos relacionados con la prevención, el abordaje y la reinserción de los jóvenes alcanzados por la normativa.
A su vez, se conformará una Mesa Federal como espacio de articulación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La intención será intercambiar experiencias y avanzar en criterios comunes para la implementación del nuevo sistema en las distintas jurisdicciones.
QUÉ ESTABLECE PARA LAS PENAS
La Ley 27.801 mantiene un tratamiento diferenciado para los menores de edad y orienta las sanciones hacia su educación y resocialización. Entre sus disposiciones establece que no pueden recibir prisión o reclusión perpetua y fija en 15 años el máximo para las penas privativas de la libertad.
El régimen también contempla medidas alternativas y acciones vinculadas con la educación, el trabajo y la toma de conciencia sobre el daño provocado, con el objetivo de reducir las posibilidades de reincidencia.
LAS VÍCTIMAS
La reglamentación incorpora además herramientas destinadas a garantizar la participación y protección de las víctimas. Entre los derechos reconocidos figuran la tutela efectiva, la asistencia especializada y el acceso a patrocinio jurídico gratuito.
Otro de los ejes será la preparación de quienes intervienen en estos procesos. El Ministerio de Justicia deberá desarrollar capacitaciones destinadas a jueces, fiscales, defensores y demás operadores que trabajen en el sistema de Justicia Penal Juvenil.
La nueva normativa comenzará a aplicarse junto con la Ley 27.801, cuyo objetivo declarado es establecer un régimen específico para adolescentes de 14 a 17 años involucrados en hechos tipificados como delitos.