La decisión del ministro de Economía Luis Caputo de postergar los aumentos en los servicios de luz y de gas hizo que el porcentaje de subsidios que puso el Estado en mayo para cubrir la parte que no pagan los usuarios residenciales del “costo real” de la energía supere los niveles del mismo período del año pasado. De mantenerse el congelamiento, la tendencia se profundizará ante un mayor consumo por menos temperaturas y costos más altos.
Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre, de entre 200% y 400%, no se tradujeron en una corrección en la partida del gasto a la que más subvenciones se destina por año. Este frente generó tensiones internas en los últimos Gobiernos pero ninguna de las gestiones encontró una solución.
Sucede que las tarifas están compuestas por cuatro ítems: el costo propio de generar la energía (luz o gas), el de transporte, la distribución y los impuestos municipales, provinciales y nacionales. La parte que subsidia el Estado es a la generación a través de las transferencias que realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) a generadoras de electricidad y transportadoras de gas.
Los usuarios se encuentran divididos en tres categorías residenciales según el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos (N1) estaba contemplado que paguen el costo pleno de la energía, los de ingresos bajos (N2) con tarifa social y los de ingresos medios (N3) con un tope de consumo subsidiado. Los últimos datos oficiales arrojaron que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.